Leyes… ¿justas o no?

 

Por: Enrique Galván-Duque Tamborrel

Abril / 2008

  

Próximamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si la ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que permite la interrupción del embarazo las primeras doce semanas, es constitucional o no. Gracias al recurso presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha impulsado el trabajo del Poder Judicial, que tiene aquí la oportunidad de realizar su función. De esta forma, México camina en orden a alcanzar una democracia madura, donde los tres poderes de la nación efectivamente se ejercitan y sirven de contrapeso uno al otro, evitando la arbitrariedad en el ejercicio del poder.

Para declarar inconstitucional la ley, hace falta que 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte estén a favor del recurso.

En principio se trata de un asunto técnico, de carácter jurídico: determinar si esa ley es coherente o no con la Carta Magna de la nación. No podemos olvidar, sin embargo, que los Ministros seguramente padecerán fuertes presiones, y que esa labor, como cualquier otra, no es ajena a la ideología que pudiera tener cada uno de los integrantes del máximo tribunal.

Desde el punto de vista legal la cuestión no es banal, atañe a la fiabilidad de las instituciones jurídicas de la nación, así como a su razón de ser, aquello que justifica su existencia. ¿Para qué sirve el "Derecho"?, ¿qué le aporta al hombre? El Derecho es la gran herramienta ideada por el hombre, gracias al ejercicio de su racionalidad, que le permite organizar su vida en sociedad, porque preserva los bienes de los individuos del arbitrio del más fuerte, del capricho y la prepotencia. Es decir, le permite abandonar "la ley de la selva", porque crea la "ley de la razón" en la medida en que custodia los bienes de los individuos, aquellos que se les deben absolutamente. En esa medida es eficaz.

El derecho es una creación del hombre para el hombre, para proteger su dignidad, sus bienes, sus "derechos"; no es el hombre para el derecho, no se debe sacrificar lo específicamente humano en el altar de la ley. No por ser algo legal va a ser bueno. Si erijo en legal lo injusto, prostituyo el derecho, lo desvirtúo, y lo coloco al servicio del más fuerte, aquel con una mayor capacidad de imponer su criterio personal o sus ideas a través de medios de comunicación, presiones políticas y engaños.

Por eso, la decisión de los Ministros expresa su interpretación del sentido de la ley. Si la ley es válida sencillamente por ser emitida por la autoridad competente, no habría ningún reparo en aceptarla. Pero si la ley no custodia el derecho del más débil, de aquel que no puede hacer oír su voz, aunque sea emitida por la autoridad competente, ¿será justa? El procedimiento fue democrático, la elaboró una mayoría de representantes elegida legítimamente, pero ¿defiende el derecho a la vida?, ¿no lo coloca entre paréntesis por una grave incomodidad producida a la madre o a una entera familia?, ¿es suficiente esto último para determinar que esa vida se puede suprimir?, ¿se goza del derecho a la vida sólo si soy aceptado por los demás y tengo plena conciencia de la misma?

Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es capaz de defender –pese a todas las presiones, incomodidades y molestias– el derecho a la vida, ¿qué me podrá garantizar?, ¿no podrán conculcarme otros bienes –menos trascendentales que la vida– si así conviene a determinado grupo social, que consigue detentar el poder en un momento histórico concreto? ¿No existirán acaso unos principios que deben ser intangibles, al servicio de los cuales se coloca todo el juego democrático y el ejercicio de la ley?, ¿no es uno de esos principios inviolables el derecho a vivir?, si ese no lo es o hay excepciones, ¿cuál podrá ser?

No es, en suma, un caso más el que en esta ocasión toca dirimir a la Suprema Corte de Justicia: se trata de un momento histórico esencial, no sólo por tratarse de un ejercicio inusual en nuestra nación del equilibrio de poderes –que ya sería bastante–, sino porque expresará a la postre el grado de fiabilidad de nuestra Constitución. Si una mayoría circunstancial, unida a campañas hábilmente orquestadas, es suficiente para impedir que la vida sea custodiada desde su inicio, ¿qué  seguridad me puede brindar toda la parafernalia legal?, ¿no quedaría reducida al capricho de aquel que consiga hacerse con el poder y "sentarse en la silla"?, ¿eso me proporciona la confianza de que mis derechos, bajo ninguna circunstancia y le afecte al quien le afecte, no me podrán ser conculcados posteriormente?

Por todo lo anterior, confiemos en que nuestros Magistrados, que están ahí por saber, más que por medrar o promoverse, sabrán dar una salida conforme a derecho y acorde a la responsabilidad histórica.